- Suscribieron memorándum para el establecimiento de una sede regional y un centro tecnológico, con una inversión de cientos de millones de pesos, en el marco de un encuentro en San Francisco, California.
- La firma de EEUU contempla establecer un centro regional para América Latina y el Caribe y ampliar sus operaciones
San Francisco, California, EE. UU. – En consonancia con las políticas de estímulo a la inversión extranjera directa, la modernización tecnológica y el empleo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la empresa NCLUSION acordaron la ampliación de las inversiones y operaciones de esa compañía en República Dominicana.
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El ministro Yayo Sanz Lovatón y el director ejecutivo de NCLUSION, Jeffrey Haley, firmaron el memorándum de entendimiento en esta ciudad estadounidense.
El programa de inversión contempla el posible establecimiento de una sede regional y un centro tecnológico de la empresa; la modernización de la red minorista y de agentes de NCLUSION, junto a la formalización y el cumplimiento normativo de sus operaciones.
Otros objetivos son la identificación de incentivos de aplicación general; la inclusión y educación financiera; y la coordinación entre las autoridades gubernamentales pertinentes.
El MICM acompañará a NCLUSION en la gestión de las licencias, permisos y autorizaciones requeridos ante las autoridades competentes para llevar a cabo el proyecto.
La compañía se compromete, además, a preservar y ampliar su fuerza laboral dominicana, con base en sus proyecciones actuales, y apoyar la creación y formalización de miles de oportunidades de empleo directo e indirecto con su expansión en el país.
NCLUSION es una empresa de tecnología financiera con sede en los Estados Unidos, que ofrece servicios financieros a través de redes de agentes físicos y puntos de acceso minorista de base comunitaria.
Sanz explicó que el MICM prevé facilitar la coordinación entre las entidades públicas involucradas y designar un funcionario de alto nivel como enlace gubernamental. También se contempla elaborar, en un plazo orientativo de 90 días, una hoja de ruta sobre los incentivos aplicables y los trámites necesarios para la inversión.
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